La accesibilidad y la movilidad definen el bienestar de las sociedades rurales pues son las vías para reequilibrar sus disparidades respecto a las áreas urbanas y equipararse con sus oportunidades, servicios y calidad de vida. Esta brecha rural condiciona la propia noción de ciudadanía ya que el tamaño y dispersión poblacional de estos entornos, así como la distancia han llevado a su integración desigual en la sociedad moderna. Un problema que ha pasado de ser visto como una cuestión de crecimiento económico a considerarse un asunto mucho más complejo de cohesión socio-territorial.

El proyecto del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad “Poniendo el foco en la brecha rural: accesibilidad, movilidades y desigualdades sociales (Rural Access)” (PID2019-111201RB-I00/ AEI/ 10.13039/501100011033) analiza las demandas, déficits y estrategias rurales de movilidad y accesibilidad. Sus objetivos son contribuir con sus resultados al diseño de políticas que refuercen ambas como recursos esenciales para afrontar los desafíos planteados por las transiciones demográfica y de la accesibilidad (envejecimiento, despoblación, brecha digital, …).

Junto con el reto demográfico y la digitalización, los nuevos paradigmas de la movilidad (compartida, autónoma, como servicio, bajo demanda, …) plantean oportunidades y riesgos decisivos para el futuro rural. Consolidar el capital social en el territorio, arraigar a los grupos estratégicos como los jóvenes y las mujeres, y reforzar su capacidad de resiliencia dependerá en gran medida de cómo sean reguladas todas estas transiciones. Como apuntaba la Declaración de Cork 2.0, la descapitalización social de muchas regiones impide que se beneficien de los programas dispuestos por la Unión Europea. Además, la racionalización de los servicios públicos y privados rurales desde finales del siglo pasado y las políticas de austeridad tras la crisis de 2008 han profundizado en la erosión de su atractivo como espacios para desarrollar los proyectos vitales.

Los desplazamientos cotidianos y cíclicos constituyen para muchos grupos rurales una forma de acceder a los mercados de trabajo exteriores, la formación, el consumo de bienes y servicios centralizados, así como otros aspectos sustanciales de la vida actual. Por un lado, debido a la aportación esencial de la movilidad para la organización de la vida rural y al predominio que juega en ella el automóvil personal, supone también una fuente principal de la desigualdad social. Por otro lado, la movilidad física y la movilidad social se hallan fuertemente interconectadas, y las opciones de mejorar el empleo y una mayor cualificación permiten incrementar el capital económico, social y cultural.

La desatención de estos fenómenos y la ausencia de una gobernanza de la accesibilidad y las movilidades se enfrentan con la despoblación de amplias regiones de Europa y su monitorización a distancia. La evolución demográfica de las áreas rurales durante las últimas décadas difiere significativamente entre aquellas con una mejor accesibilidad a los centros urbanos y que experimentan un evidente crecimiento frente a las zonas más desconectadas que acumulan los procesos circulares de declive económico y social.

A pesar de la generalización de estos desplazamientos, numerosas políticas socio-territoriales siguen inspirándose en los presupuestos del estatismo, que asumen la equivalencia de lugares de residencia y trabajo, estudios o sociabilidad. Esta perspectiva impide no solo estudiar la movilidad rural como un elemento básico de su sostenibilidad sino también la consideración de la ruralidad como una realidad constituida a través de los flujos y las hibridaciones con los procesos urbanos y globales.